La última semana fue de mucho movimiento para la causa conocida como “La Industria del Escruche”. Se trata de la investigación que llevan adelante los fiscales Diego López Ávila y Pedro León Gallo de las Unidades de Robos y Hurtos I y II respectivamente. La pesquisa apunta contra al menos 12 personas que habrían conformado una asociación ilícita que se dedicaba al robo de viviendas cuando los propietarios salían.

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Luego de analizar varios hechos aislados, los investigadores fueron encontrando elementos que vincularían a dos grupos en varios robos. Una de esas bandas viajaba desde Córdoba para concretar sus golpes en nuestra provincia.

En los últimos siete días fueron surgiendo novedades. Dos de los acusados de haber encubierto estas maniobras fueron condenados mediante juicios abreviados. También se concretó el traslado de otro sospechoso -que estaba preso en Mendoza- para que fuera formalmente imputado como coautor de los robos.

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El miércoles se dio un gran avance. Lo que hasta aquí se planteaba como hipotético se convirtió, tras la audiencia de ese día, formalmente en un agravante contra Miguel “Gata” Lizárraga, quien fue imputado esta vez como jefe de la asociación ilícita. El fiscal López Ávila presentó las pruebas -muchas de ellas conseguidas de las declaraciones de los juicios abreviados- con las que acompañaba su pedido. El juez Diego Lammoglia tras evaluar la situación dio lugar al planteo de la nueva figura legal, que seguirá siendo provisoria hasta el día del juicio.

Junto a “La Gata” continúan imputados en la causa: su hijo Juan de Dios López, su hermano Néstor “Tuta” Lizárraga, los hermanos Walter “Kuki”, Cristian “Bichi”, Marcos Gastón “Batore”, y Francisco “Bicunga” Caro. También Luis Ricardo Carreras, quien fue traído desde Mendoza, donde estaba -y seguirá por ahora- preso. Principalmente las escuchas telefónicas, entre otras pruebas, vincularían a toda la banda.

Padre e hijo

Además en esta instancia se les endilgó nuevos hechos a Lizárraga y a López. Se sospecha que el presunto líder de la agrupación y su hijo participaron de los escruches ocurridos en pasaje Beltrés al 200 durante 2020; y en 2021 en pasaje José Paz 4.700, en Raúl Galán 4.300 y en Pellegrini al 100.

Se estima que los autores de esos robos sustrajeron de todas esas operaciones un total de $ 1.7 millones, U$S 7.000, 1.000 euros, joyas, relojes de alta gama y electrodomésticos.

Piden apartar a un fiscal

Pero los defensores Manuel Pedernera, Ernesto Baaclini y Camilo Atim también avanzaron esta semana y mediante un escrito plantearon sus posturas. Entre ellas surgió la necesidad de unificar todas las acusaciones, que se estipule un tope de hechos para darle un cierre a la causa antes de que el proceso se siga extendiendo. De esta manera, basándose en el principio de conexión subjetiva, plantearon que de existir nuevos delitos para endilgarle a los imputados, se los debería investigar por separado (en otro legajo).

En ese sentido, solicitaron que la causa quede definitivamente en manos de un solo fiscal. Por lo cual sugirieron apartar de la causa a López Ávila y que el resto del proceso quede en manos de Gallo. Argumentaron que el fiscal de Robos y Hurtos II había sido el primero en intervenir a través de su investigación en un escruche ocurrido en calle Balcarce.

“Lo que planteamos es que no se siga alargando la causa. El código busca mayor celeridad pero hasta ayer (por el miércoles) se siguió incorporando hechos y eso dilata. Tranquilamente si el ministerio Fiscal tiene otros delitos para imputar en el futuro puede iniciar otra investigación en otra causa”, le dijo Pedernera a LA GACETA.

Ya hay dos condenas

El 8 de marzo fue condenado Cristian Suárez por el delito de encubrimiento. Según reconoció en un juicio abreviado, intentó adulterar el vehículo que una facción de la banda había utilizado para robar en una vivienda. Según se explicó, el 17 de mayo Suárez ingresó a un concesionario de Colón al 200 y, sabiendo que un Citroën C5 podía tener que ver con un ilícito, comenzó a forcejear el zócalo para adulterarlo, pero no logró hacerlo. Además Rubén “Bidón” Lobo fue imputado por encubrimiento ya que -según se sospecha- tendría que ver con el auto en cuestión, que fue captado por las cámaras de seguridad de Pellegrini al 100 el día en que la banda ingresó a robar una vivienda de esa cuadra.

A Suárez se lo condenó a 8 meses de prisión condicional y al pagó de $ 10.000 a una fundación.

El 5 de marzo, también en un abreviado, Edgardo “El Joyero” Bournonville fue condenado por encubrimiento a 3 años de prisión condicional, al pago de una reparación de $ 800.000 a una de las víctimas y de $ 100.000 a una fundación. Bournonville colaboró a la Justicia con datos certeros para la causa. A ambas condenas las consiguió la fiscalía de López Ávila.

Juicio abreviado: condenan a una mujer a 3 años por participar en un escruche en barrio Santillán

Según se explicó en el juicio abreviado de ayer, el 14 de enero Brenda Aybar y tres cómplices (no tendrían vínculos con los acusados de la “Industria del Escruche”) rompieron un portón e ingresaron en una vivienda de Ecuador al 3.000, en barrio Zenón Santillán, mientras los residentes no estaban. Tomaron un Smart Tv, una Play Station 4, un celular, una notebook, una mochila de trekking y $ 40.000 y luego huyeron en un Volkswagen Vento que habría conducido Aybar. La investigación quedó en manos del fiscal Pedro León Gallo, de la Unidad de Robos y Hurtos II, quien mediante el relevamiento de cámaras de seguridad identificó el vehículo y a la mujer, que poseía una tarjeta azul del vehículo de alta gama. Aybar fue detenida poco después del hecho e imputada por robo en poblado y en banda, delito por el que ayer se la condenó a 3 años de prisión condicional, al pago de $ 60.000 en reparación a las víctimas y someterse a reglas de conducta. Además, al allanar su vivienda se pudo recuperar la notebook robada.